La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de un municipio…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de un municipio para autorizar la eliminación de documentos. Recordó que, conforme a la ley N° 10.336 y al oficio circular N° 28.704 de 1981, los documentos vinculados a cuentas sobre administración de fondos o bienes del Estado deben conservarse tres años desde su revisión definitiva, salvo disposición distinta del Contralor. No se pronunció sobre el requerimiento, porque la individualización de los documentos era insuficiente para determinar con exactitud de qué antecedentes se trataba. Precisó que sólo los documentos relacionados con el examen de cuentas que efectúa el organismo requieren autorización para su eliminación, y que la entidad debe acreditar que corresponden a cuentas aprobadas por el organismo antes de destruirlos, según criterio de los dictámenes N°s 25.634 y 37.995, de 2009.
Normas citadas
ley 10336 art/21 inc/2
ley 10336 art/14
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo deben conservarse los documentos vinculados a cuentas sobre administración de fondos del Estado en Chile?
Según este dictamen de la Contraloría General de la República, los documentos vinculados a cuentas sobre administración de fondos o bienes del Estado deben conservarse tres años desde su revisión definitiva, salvo que el Contralor disponga otra cosa. Lo recuerda con base en la ley N° 10.336 y el oficio circular N° 28.704 de 1981.
¿Qué debe acreditar un municipio antes de eliminar documentos relacionados con el examen de cuentas de la Contraloría?
En este caso, la Contraloría precisó que solo los documentos ligados al examen de cuentas requieren autorización para su eliminación. Además, la entidad debe acreditar que corresponden a cuentas ya aprobadas por el organismo antes de destruirlos.
¿Qué ocurre si la solicitud de eliminación de documentos no identifica con precisión los antecedentes?
En este caso, la Contraloría General de la República no se pronunció sobre el requerimiento, porque la individualización de los documentos era insuficiente para determinar de qué antecedentes se trataba. Por ello, la solicitud debe describir con exactitud los documentos cuya eliminación se pide.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.