La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una municipal…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una municipalidad para eliminar documentos de su archivo. El ente fiscalizador señaló que, tratándose de organismos autónomos como las municipalidades, la autorización para eliminar documentación corresponde al alcalde, mediante decreto exento y previa proposición de la jefatura de la unidad respectiva, considerando los artículos 14 y 21 de la ley N° 10.336. Respecto al informe de auditoría citado por la entidad edilicia, se indicó que solo se refiere al año 2010 y que las fiscalizaciones se efectúan sobre una muestra, por lo que no implican la aprobación total de los documentos de ese período. En consecuencia, se resolvió que no procede otorgar la autorización solicitada mientras la municipalidad no acompañe los antecedentes que permitan corroborar que los comprobantes contables y la documentación que sustenta las rendiciones de cuentas corresponden a aquellas aprobadas por la Contraloría.
Normas citadas
ley 10336 art/21 inc/2
ley 10336 art/14
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Quién debe autorizar la eliminación de documentos en una municipalidad según la Contraloría?
En este caso, la Contraloría General de la República señaló que, tratándose de municipalidades, la autorización para eliminar documentación corresponde al alcalde, mediante decreto exento y previa proposición de la jefatura de la unidad respectiva.
¿Un informe de auditoría previo sirve para aprobar la eliminación de todos los documentos de un período?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el informe de auditoría citado solo se refería a un año y que las fiscalizaciones se hacen sobre una muestra, por lo que no implicaba la aprobación total de los documentos de ese período.
¿Procede autorizar la eliminación de comprobantes contables y rendiciones de cuentas de una municipalidad sin antecedentes adicionales?
En este caso, la Contraloría resolvió que no procede otorgar la autorización mientras la municipalidad no acompañe antecedentes que permitan corroborar que esos comprobantes y rendiciones corresponden a los ya aprobados por el organismo.
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