Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de una municipalidad para eliminar documentación de sus archivos. Según el dictamen, la autorización para eliminar documentos corresponde al jefe superior del servicio, en el caso de las municipalidades el alcalde, mediante decreto exento y considerando la ley N° 10.336. Respecto de una fiscalización del D.P.C., el organismo precisó que, aunque los informes finales son revisiones definitivas, se efectúan sobre una muestra, por lo que no implican que todos los libros, documentos y cuentas del período estén aprobados. En consecuencia, la Contraloría concluyó que las solicitudes de eliminación deben acompañar antecedentes que acrediten que los comprobantes y la documentación de respaldo corresponden a cuentas ya aprobadas por el organismo. Como la municipalidad no aportó esa información, el organismo resolvió que no procede otorgar la autorización solicitada mientras no se acompañen dichos antecedentes.