Resumen
La Contraloría General de la República representó a la Defensoría Regional Metropolitana Sur las resoluciones N°s 6, 7, 8 y 9, de 2010, que formalizaban adjudicaciones de licitaciones de defensa penal pública. El organismo se abstuvo de darles curso por no ajustarse a derecho. Constató que el monto destinado a los pagos variables no equivalía al 10% del presupuesto de cada zona, como exige el N° 7.9.B de las bases administrativas, y que el porcentaje de causas indicado en los considerandos N°s 5 de las resoluciones 6, 7 y 8 era inferior al adjudicado, contraviniendo el N° 6.9 de las mismas bases. Además, señaló que no se remitieron los antecedentes técnicos de las licitaciones junto con los actos afectos a toma de razón, según el artículo 6° del Título Preliminar de la resolución N° 1.600, de 2008.