Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a las resoluciones N°s 58, 59 y 83, todas de 2010, dictadas por la Defensoría Penal Pública, que aprobaban las bases administrativas generales, el modelo de las bases especiales y el modelo de contrato para la prestación de defensa penal pública. El organismo consideró que dichos actos no se ajustaban a derecho, por no cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que exige que los contratos de la Administración para servicios se sujeten a sus normas y principios. En particular, la Contraloría señaló que la ley obliga en su artículo 18 a utilizar el sistema electrónico de la Dirección de Compras y Contratación Pública en los procesos de adquisición y contratación de servicios, exigencia que no fue cumplida en los actos examinados.