Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de dar curso a las resoluciones N°s 7, 8 y 9, de 2010, de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, que formalizaban adjudicaciones de licitaciones de defensa penal pública, por no ajustarse a derecho. Constató que el monto destinado a los pagos variables no equivalía al 10% del presupuesto de cada zona, como exigen las bases administrativas aprobadas por resolución N° 135, de 2010, de la Defensoría Penal Pública. También observó que los porcentajes de causas indicados en los considerandos eran inferiores a los adjudicados, contraviniendo la cláusula 6.9 de las bases. Además, señaló que no se remitieron a toma de razón los antecedentes técnicos de las licitaciones, exigidos por la resolución N° 1.600, de 2008, y que las autorizaciones presupuestarias no acreditaban fondos suficientes para las adjudicaciones, conforme al decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. En consecuencia, representó los actos administrativos.