Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución del C.H.S.J., que aprobó las bases administrativas, técnicas, formularios y anexos de una propuesta pública de servicios de seguridad, por no ajustarse a derecho. El organismo constató que la garantía de seriedad de la oferta exigida en las bases fijaba una vigencia y un monto que no se ajustaban al decreto N° 250, de 2004, en especial sus artículos 68 y 70. Además, objetó la causal de multa relativa a una 'normativa del personal de seguridad' por ser indeterminada, y varias causales de término anticipado por falta de concordancia con otras cláusulas. Asimismo, cuestionó una restricción a la contratación de la empresa oferente que no está contemplada en el ordenamiento jurídico, por vulnerar la libertad de trabajo del artículo 19, N° 16, de la Constitución. Por último, ordenó corregir errores formales en las bases. La decisión se fundó en los principios de interdicción de la arbitrariedad, debida motivación de los actos administrativos y certeza en las relaciones contractuales.