Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución del Instituto Traumatológico, que aprobaba las bases de licitación para contratar el servicio de vigilancia de ese organismo. El órgano de control no tomó razón del acto en los términos propuestos y lo representó, es decir, devolvió la resolución para que fuera corregida. Las observaciones se fundaron en la Ley N° 19.886 y su reglamento: las bases carecían de un mecanismo para dirimir empates, no daban mayor puntaje a quienes ofrecieran mejores condiciones de empleo y remuneraciones (exigido para servicios habituales), y las modificaciones a las bases no se habían formalizado mediante acto administrativo. Además, se detectaron errores de referencia internos, falta de fundamento para excluir una causal de cobro de la garantía de fiel cumplimiento, y observaciones a la tabla de evaluación de ofertas. La experiencia exigida debía entenderse como factor evaluable y no como barrera de entrada, y los anexos debían incorporarse a la resolución.