La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución del Hospital de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución del Hospital del Salvador, que aprueba las bases de una licitación pública para contratar servicios de oftalmología en trauma ocular. El organismo representó el acto y no lo tomó de razón por varias observaciones: omitir que la boleta de garantía debe ser pagadera a la vista (decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda), precisar qué documentos societarios deben presentar las personas jurídicas, corregir citas internas erradas en las bases administrativas, ajustar el número de tecnólogos médicos exigido en las bases técnicas a lo previsto en su anexo N° 4, corregir una referencia a sanciones y transcribir de forma fiel el artículo 4° de la ley N° 19.886. Además, indicó que las enmiendas a actos reingresados deben salvarse con timbre y media firma de la autoridad competente.
Normas citadas
ley 19886 art/7 lt/a
dto 250/2004 hacie art/68 inc/5
ley 19886 art/4 inc/1
ley 19886 art/4 inc/6
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La boleta de garantía en una licitación pública debe ser pagadera a la vista?
Sí. En este caso, la Contraloría representó las bases porque omitían que la boleta de garantía debe ser pagadera a la vista, conforme al decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
¿Qué documentos deben presentar las personas jurídicas en una licitación pública según la Contraloría?
En este caso, la Contraloría observó que las bases no precisaban qué documentos societarios debían presentar las personas jurídicas, por lo que ordenó corregir ese punto antes de tomar razón.
¿Cómo deben salvarse las enmiendas en un acto administrativo reingresado a Contraloría?
Según este dictamen, las enmiendas a actos reingresados deben salvarse con timbre y media firma de la autoridad competente.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.