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La Contraloría General de la República representó la resolución del Instituto Traumatol…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representó la resolución del Instituto Traumatológico Dr. T.G.W. que aprobaba las bases para contratar el servicio de alimentación de pacientes y funcionarios. El órgano contralor observó que el beneficio de alimentación para funcionarios carecía de sustento normativo, según su dictamen N° 55.062 de 2012. También objetó una causal de inhabilidad por parentesco con el personal del instituto, por exceder lo dispuesto en la ley N° 19.886 y la jurisprudencia administrativa que exige interpretación restrictiva de tales prohibiciones. Además, detectó múltiples errores formales en las remisiones de artículos de las bases administrativas y técnicas, así como en anexos, requiriendo ajustes como la inclusión de la frase 'o equivalente' en el anexo N° 10. En definitiva, el acto administrativo fue representado.

Normas citadas

  • ley 19886 art/4 inc/2
  • dto 250/2004 hacie art/43
  • dto 250/2004 hacie art/41
  • dto 250/2004 hacie art/38
  • ley 19886 art/11
  • ctr art/183 C inc/3
  • ley 19886 art/4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad pública incluir en las bases de licitación de un servicio de alimentación el beneficio de comida para sus funcionarios?

En este caso, la Contraloría General observó que el beneficio de alimentación para funcionarios carecía de sustento normativo, por lo que representó las bases que lo incluían.

¿Es procedente establecer como causal de inhabilidad en una licitación pública el parentesco con el personal de la institución contratante?

En este caso, el órgano contralor objetó esa causal porque excedía lo dispuesto en la Ley N° 19.886 y la jurisprudencia administrativa, que exige interpretar restrictivamente las prohibiciones para contratar.

¿Qué ocurre si las bases administrativas y técnicas de una licitación contienen errores en las remisiones a artículos y anexos?

En este caso, la Contraloría detectó múltiples errores formales en las remisiones y anexos, requiriendo correcciones como incluir la frase 'o equivalente' en el anexo N° 10, y representó el acto aprobatorio.

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