La Contraloría General de la República representó las resoluciones N° 881 y N° 882, de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República representó las resoluciones N° 881 y N° 882, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que aprobaban las bases y especificaciones técnicas para contratar la conservación de la red de estaciones de conteo continuo en dos zonas del país. El órgano de control observó que ciertas cláusulas del contrato eran contradictorias, como la facultad de poner término anticipado sin notificación, y que la autoridad firmante no podía emitir el acto administrativo que correspondía a la Dirección de Vialidad, conforme al reglamento de adquisiciones y a la ley orgánica del ministerio. También objetó exigir profesionales universitarios, pues la normativa permite títulos de otras instituciones, y exigir en una declaración jurada un punto ajeno al oferente. Además, indicó que los plazos mencionados no estaban establecidos en las bases y que los formularios y anexos no forman parte de los actos administrativos.
¿Puede una autoridad firmar la resolución que aprueba las bases de una licitación pública si no es quien tiene la competencia para hacerlo?
No. En este caso, la Contraloría representó las resoluciones porque la autoridad firmante no podía emitir el acto administrativo que correspondía a la Dirección de Vialidad, según el reglamento de adquisiciones y la ley orgánica del ministerio.
¿Puede una cláusula de las bases de licitación permitir el término anticipado del contrato sin notificación previa al contratista?
No. En este caso, la Contraloría observó que esa facultad de término anticipado sin notificación era contradictoria con el resto de las cláusulas del contrato, por lo que representó las bases.
¿Puede exigirse en una licitación pública que los profesionales tengan un título universitario específico, dejando fuera otros títulos?
No necesariamente. En este caso, la Contraloría objetó la exigencia de profesionales universitarios porque la normativa permite acreditar títulos de otras instituciones, y también objetó pedir en una declaración jurada un punto ajeno al oferente.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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