La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de una…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de pago de una empresa contratada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para el suministro de alimentación escolar. La recurrente pedía reajustar los precios según el IPC por el atraso en los pagos. El organismo concluyó que el contrato no contempla reajuste por demora entre la facturación y el pago, por lo que esa petición no procede. Sin embargo, constató que los pagos se hicieron fuera del plazo de treinta días corridos desde la recepción de las facturas, y por ello ordenó a JUNAEB pagar los intereses y la comisión establecidos en los artículos 2° bis y 2° ter de la Ley N° 19.983. Dejó a salvo las eventuales responsabilidades administrativas que se determinen en la investigación sumaria del servicio.
Normas citadas
Ley 19886 art/10 inc/3
ley 19886 art/22 num/4
ley 19983 art/2 quáter
ley 19983 art/2 quinquies
ley 19983 art/2 bis
ley 19983 art/2 ter
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede reajustar según el IPC un contrato de suministro público cuando el organismo se atrasa en los pagos?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que el contrato de alimentación escolar con JUNAEB no contempla reajuste por demora entre la facturación y el pago, por lo que esa petición no procede. Sin embargo, el organismo ordenó pagar intereses y comisión por los pagos hechos fuera de plazo.
¿Qué intereses y comisión debe pagar un organismo público cuando paga facturas fuera del plazo legal?
En este caso, la Contraloría ordenó a JUNAEB pagar los intereses y la comisión establecidos en los artículos 2° bis y 2° ter de la Ley N° 19.983, porque constató que los pagos se hicieron fuera del plazo de treinta días corridos desde la recepción de las facturas.
¿Qué ocurre con los funcionarios si un servicio público paga tarde a sus proveedores?
En este caso, la Contraloría dejó a salvo las eventuales responsabilidades administrativas que se determinen en la investigación sumaria que sigue el servicio. No se pronunció sobre sanciones específicas para funcionarios.
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