Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de empresas prestadoras del servicio de alimentación escolar contra la JUNAEB, por no haberse pagado precios de excepción en ciertos períodos. Según el dictamen, en marzo de 2020, con motivo de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de COVID-19, las partes modificaron los contratos para entregar el servicio mediante canastas. La Contraloría concluyó que no hubo suspensión total o parcial del servicio, pues la prestación continuó de forma distinta a la pactada, por lo que el pago de precios de excepción no procedía conforme al pliego y al contrato. Además, recordó que los plazos de la Administración no son fatales, salvo disposición legal expresa, por lo que su vencimiento no genera caducidad del acto. En consecuencia, determinó que la JUNAEB se ajustó a las bases y a lo pactado, sin reproche que formular.