La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Junta Nacional de Auxil…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2014
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) podía aplicar descuentos por aumento de raciones alimenticias al liquidar un contrato, cuando no los había aplicado en su oportunidad. Los descuentos estaban previstos en las bases administrativas, fueron ofertados por el proveedor adjudicado y debían aplicarse en el ajuste de diciembre de cada año, lo que no ocurrió. El organismo concluyó que estos descuentos constituyen un derecho contractual que JUNAEB no puede renunciar sin norma legal que lo autorice, por lo que resultó procedente aplicarlos en la liquidación del contrato. Aunque reconoció que la entidad actuó contra derecho al omitir el descuento anual, la Contraloría estimó que no aplicarlos habría significado una renuncia definitiva con perjuicio al patrimonio público. Finalmente, ordenó a JUNAEB adecuar sus procedimientos internos de seguimiento de contratos para evitar que se repitan situaciones similares.
Normas citadas
Resolución N° 301, de 2008
Resolución N° 66, de 2009
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si una entidad pública omite aplicar un descuento que estaba previsto en las bases de licitación?
En este caso, la Contraloría sostuvo que la omisión constituyó una actuación contraria a derecho por parte de JUNAEB, que debía aplicar el descuento en el ajuste anual previsto. Como consecuencia, ordenó a la entidad adecuar sus procedimientos internos de seguimiento de contratos para evitar que situaciones similares se repitan.
¿Un servicio público puede renunciar a derechos que tiene frente a un proveedor en un contrato administrativo?
En este caso, la Contraloría determinó que los derechos contractuales derivados de las bases no pueden ser renunciados por el organismo sin una norma legal que lo autorice. Por ello, resultó procedente aplicar los descuentos pendientes en la liquidación del contrato, dado que su no aplicación habría significado una renuncia definitiva con perjuicio al patrimonio público.
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