La Contraloría General de la República se pronunció sobre si los convenios que celebran…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si los convenios que celebran las universidades estatales con organismos de la Administración del Estado para el suministro de bienes y servicios quedan excluidos de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, cuando la universidad actúa como requirente o como proveedora. El órgano concluyó que la exclusión establecida en el artículo 37 de la ley N° 21.094, que regula la gestión administrativa y financiera de las universidades estatales, es aplicable en ambos casos. Fundó su decisión en que la norma no distingue entre ambas calidades, en la aplicación del aforismo según el cual donde la ley no distingue no cabe distinguir, y en una interpretación finalista del precepto, citando el dictamen N° 26.211, de 2018.
Normas citadas
Ley 21094 art/35 inc/1
Ley 21094 art/35 inc/3
Ley 21094 art/36
Ley 21094 art/37 inc/1
CCI art/19
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Los convenios de universidades estatales con organismos del Estado para suministrar bienes o servicios quedan excluidos de la ley 19.886?
Según este dictamen de la Contraloría General de la República, sí. Concluyó que la exclusión del artículo 37 de la ley 21.094 se aplica tanto cuando la universidad actúa como requirente como cuando actúa como proveedora.
¿La exclusión de la ley 19.886 para universidades estatales depende de si la universidad compra o vende?
No, según este dictamen. La Contraloría sostuvo que el artículo 37 no distingue entre ambas calidades, por lo que donde la ley no distingue no cabe distinguir, y la exclusión rige en ambos casos.
¿Cómo interpretó la Contraloría el artículo 37 de la ley 21.094 para decidir este punto?
En este caso, el órgano aplicó una interpretación finalista del precepto, apoyándose también en el dictamen N° 26.211, de 2018. Con ello concluyó que la exclusión comprende ambas posiciones contractuales de la universidad.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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