La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación en el tiempo de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la aplicación en el tiempo del artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 21.006, que regula los recursos de subsidios educacionales. Concluyó que, por tratarse de una norma de derecho público que regula una potestad pública, rige in actum y produce efectos desde su entrada en vigor respecto de las situaciones que contempla, sin que sea aplicable el artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, que se refiere a los efectos de los acuerdos de voluntades entre partes. Agregó que el artículo segundo transitorio de la misma ley confirma la voluntad del legislador de aplicar la nueva normativa a los convenios vigentes a la fecha de publicación, los que deben adecuarse a ella. Sin embargo, precisó que el inciso no se aplica a los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa que ya habían cumplido la mitad de su periodo de ejecución a la fecha de entrada en vigor, pues sus sostenedores no tuvieron oportunidad de conocer el porcentaje mínimo de gasto exigido para seguir percibiendo la totalidad de los recursos.
Normas citadas
Ley 20248 art/7 inc/2
ley 21006 art/1 inc/2
ley 21006 art/segundo tran
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿La nueva norma que regula los recursos de subsidios educacionales se aplica a los convenios que ya estaban vigentes al publicarse la ley?
Sí. La Contraloría sostuvo que la norma rige in actum, desde su entrada en vigor, y que el artículo segundo transitorio confirma la voluntad del legislador de aplicarla a los convenios vigentes, los que deben adecuarse a ella. Descartó aplicar el artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, por tratarse de una norma de derecho público.
¿Por qué la ley de subsidios educacionales produce efectos desde su entrada en vigor y no se considera retroactiva?
En este caso, la Contraloría determinó que se trata de una norma de derecho público que regula una potestad pública, por lo que rige desde su entrada en vigor respecto de las situaciones que contempla. Por ello, no resulta aplicable el artículo 22 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, que se refiere a acuerdos de voluntades entre partes.
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