La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de la Universida…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una consulta de la Universidad de La Frontera respecto de la celebración de un contrato de comodato de un bien inmueble con una persona jurídica relacionada. El organismo concluyó que la ley N° 19.886 de compras públicas no es aplicable a los contratos de comodato, pues sólo regula suministro de bienes muebles y servicios a título oneroso. Sin embargo, al tratarse de un contrato administrativo, rige el artículo 9° de la ley N° 18.575, que establece la licitación pública como regla general y el trato directo como excepción. Por ello, la celebración sólo procedería mediante resolución fundada que justifique el trato directo, que la participación del rector en ambas entidades respete las normas de probidad y no afecte la imparcialidad, y que el uso del inmueble se vincule con una función propia de la universidad.
Normas citadas
Ley 19886 art/4 inc/6
ley 19886 art/35 quáter inc/1
ley 21634
ley 20880 art/1 inc/3
ley 19886 art/1
ley 18575 art/9 inc/1
POL art/8
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Se aplica la ley de compras públicas 19.886 a un contrato de comodato de un inmueble celebrado por una universidad?
No, en este caso la Contraloría concluyó que la ley 19.886 no es aplicable a los contratos de comodato, porque solo regula el suministro de bienes muebles y servicios a título oneroso.
¿Qué norma rige la celebración de un comodato de inmueble por una universidad y cuándo puede hacerse por trato directo?
En este caso, la Contraloría señaló que al tratarse de un contrato administrativo rige el artículo 9° de la ley 18.575, que fija la licitación pública como regla general y el trato directo como excepción. Así, solo procedería mediante resolución fundada que justifique el trato directo.
¿Qué condiciones debe cumplir un comodato de una universidad con una persona jurídica relacionada con su rector?
En este caso, el organismo exigió que la participación del rector en ambas entidades respete las normas de probidad y no afecte la imparcialidad. Además, el uso del inmueble debe vincularse con una función propia de la universidad.
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