El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 416 del Código Procesal Penal, que regula la gestión de desafuero parlamentario. La requirente sostenía que dicha norma vulneraba la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de derechos y el debido proceso. El Tribunal señaló que el fuero es una garantía procesal ligada a la autonomía legislativa y la separación de poderes, y que el desafuero no constituye un juzgamiento sino un requisito previo que asegura la seriedad de la denuncia. Concluyó que la aplicación del precepto no infringe las garantías invocadas, por lo que rechazó el requerimiento.
Normas citadas
artículo 416, inciso tercero, de Código Procesal Penal
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasDeterminación de la penaIgualdad ante la LeyPrincipio de proporcionalidad de la Pena
Preguntas frecuentes
¿El desafuero parlamentario vulnera la igualdad ante la ley o el debido proceso en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 416 del Código Procesal Penal. Sostuvo que el fuero es una garantía ligada a la autonomía legislativa y la separación de poderes, y que el desafuero no es un juzgamiento sino un requisito previo que asegura la seriedad de la denuncia.
¿Qué naturaleza tiene el fuero parlamentario según el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal señaló que el fuero es una garantía procesal vinculada a la autonomía legislativa y a la separación de poderes. No constituye un privilegio personal sino un resguardo institucional para el ejercicio de la función parlamentaria.
¿Aplicar la gestión de desafuero del artículo 416 del Código Procesal Penal infringe garantías constitucionales?
En este caso, el Tribunal concluyó que la aplicación del precepto no infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de derechos ni el debido proceso. Por ello rechazó el requerimiento.
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