Resumen
La Contraloría General de la República ratificó el dictamen N° 35.746, de 2016, y concluyó que el artículo 5° de la ley N° 20.612 no habilita a los funcionarios beneficiarios de esa norma para acceder al bono por trabajos pesados del artículo 32 de la ley N° 20.642. El órgano sostuvo que las leyes que extienden excepcionalmente incentivos al retiro deben interpretarse de manera restringida, aplicándose sólo a los supuestos previstos por el legislador. Agregó que no existe remisión expresa ni extensión del bono por trabajos pesados a esos funcionarios, a diferencia de lo que sí ocurre con el bono postlaboral. Además, invocó el principio de legalidad del gasto, pues los recursos públicos sólo pueden destinarse a fines expresamente previstos, por lo que desestimó la solicitud de reconsideración.