La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una funcionaria a cont…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una funcionaria a contrata del Hospital de Urgencia Pública Dr. A.R., a quien se le puso término a su contrata por no contar con el reconocimiento oficial de su título profesional extranjero, requisito exigido por la Ley N°18.834 para ejercer en la Administración Pública. El tribunal revocó la sentencia de primera instancia y rechazó el recurso, sin costas, al estimar que el término de la contrata no fue ilegal ni arbitrario, pues la entidad actuó por imperativo legal al constatar el incumplimiento de un requisito de ingreso. Además, descartó la existencia de confianza legítima, por cuanto el periodo de desempeño de la funcionaria fue inferior a cinco años.
Normas citadas
Ley N° 18.834
recurso de proteccióntérmino de contrataAdministración Públicarequisitos de ingresorevalidación de título extranjeroLey N°18.834confianza legítimaprincipio de legalidad
Preguntas frecuentes
¿Puede ponerse término a una contrata en la Administración Pública si el funcionario no tiene reconocido su título profesional extranjero?
En este caso, la Corte Suprema estimó que el término de la contrata no fue ilegal ni arbitrario, porque la entidad actuó por imperativo legal al constatar el incumplimiento del requisito de ingreso exigido por la Ley N° 18.834. Revocó la sentencia de primera instancia y rechazó el recurso de protección, sin costas.
¿Una funcionaria a contrata puede alegar confianza legítima para impedir el término de su contrata?
En este caso, la Corte Suprema descartó la existencia de confianza legítima, porque el periodo de desempeño de la funcionaria fue inferior a cinco años. Por eso no acogió el argumento en el recurso de protección.
¿Procede un recurso de protección contra el término de una contrata en el sector público por falta de un requisito de ingreso?
En este caso, la Corte Suprema conoció un recurso de protección presentado por una funcionaria a contrata de un hospital público y lo rechazó tras revocar la sentencia de primera instancia. Estimó que el término de la contrata no fue ilegal ni arbitrario.
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