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La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una profesional de na…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una profesional de nacionalidad venezolana contra el Hospital de Urgencias Asistencia Pública Dr. A.R., por el término de su contrata. La recurrente había sido contratada sin contar con el reconocimiento oficial habilitante de su título para ejercer en Chile, requisito exigido por la Ley N°18.834. El tribunal resolvió revocar la sentencia de primera instancia, que había acogido el recurso, y rechazar la acción, sin costas. Fundamentó que la entidad actuó por imperativo legal y que el actuar reprochado no fue ilegal ni arbitrario. Además, consideró que no concurría confianza legítima, pues la vinculación mediante contratas anuales no alcanzó cinco años de desempeño.

Normas citadas

  • Ley N°18.834, artículo 12 letra d)
  • Ley N°18.834, artículo 13
  • Constitución Política de la República, artículos 19 y 20
  • Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia
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Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público poner término a la contrata de un funcionario que no tiene reconocido su título profesional en Chile?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el hospital actuó por imperativo legal, porque la contratada no contaba con el reconocimiento oficial habilitante de su título exigido por la Ley N°18.834. Por eso revocó la sentencia que había acogido el recurso y rechazó la acción de protección.

¿Cuándo se configura la confianza legítima para impedir el término de una contrata en el sector público?

En este caso, el tribunal consideró que no concurría confianza legítima, porque la vinculación mediante contratas anuales no alcanzó cinco años de desempeño. Esa circunstancia fue determinante para descartar la expectativa de continuidad alegada.

¿Es ilegal o arbitraria la decisión de no renovar una contrata por falta de requisitos habilitantes para el cargo?

En este caso, la Corte Suprema resolvió que el actuar reprochado no fue ilegal ni arbitrario, dado que la falta de reconocimiento del título era un requisito legal exigido. La acción de protección fue rechazada sin costas.

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