Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que impugnaba su calificación del año 2013, en la que fue ubicado en la Lista N° 3. El recurrente alegaba falta de fundamentación de los acuerdos de la junta calificadora, la ponderación de hechos fuera del período evaluado y la omisión de un pronunciamiento de la Comisión Médica institucional. El organismo fiscalizador precisó que su facultad se limita a revisar arbitrariedades o vicios de legalidad, sin entrar a apreciaciones técnicas del desempeño. Concluyó que los acuerdos sí exponían motivos concretos para la rebaja de puntaje, que las sanciones no firmes y la reprobación de un curso no fueron considerados, y que la intervención de la Comisión Médica solo es obligatoria ante duda en el rubro capacidad física o reposos superiores a 60 días, situaciones que no se configuraban. Por ello, declaró que la evaluación se ajustó a derecho.