Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la impugnación de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que fue declarado no apto para continuar en el servicio por su Comisión Médica, y que cuestionó la intervención de médicos institucionales que no lo atendieron y la falta de consideración de certificaciones de su médico particular. El organismo señaló que, conforme al Estatuto del Personal de la PDI, la Comisión Médica examina en forma exclusiva el estado de salud del personal, sin que le corresponda revisar los antecedentes clínicos que fundaron su decisión, y que las conclusiones de ese cuerpo no pueden ser objetadas con certificados de otras entidades o médicos particulares. Constató que los médicos institucionales solo expusieron antecedentes y asesoraron a la comisión, sin vicio de legalidad, por lo que desestimó la petición y tomó razón del Decreto N° 35, de 2011, del Ministerio de Defensa Nacional, que dispone el retiro.