El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 y el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, que excluyen penas sustitutivas en ciertos delitos, entre ellos los de la Ley de Control de Armas. La mayoría sostuvo que la política criminal corresponde al legislador, que las penas sustitutivas no constituyen un derecho subjetivo y que su exclusión no vulnera la igualdad ante la ley, la proporcionalidad ni el debido proceso, y que el juez conserva margen para aplicar atenuantes y agravantes. El resultado registrado fue acogimiento parcial. La parte final del fallo, sin embargo, expone que la afectación alegada sólo podría plantearse en la etapa de ejecución de una sentencia firme, que el problema se vincula con el derecho administrativo y la inhabilidad para contratar con entidades públicas, y que los cuestionamientos a los preceptos son abstractos. Según ese texto, quienes suscribieron ese voto estimaron que debió desestimarse el requerimiento, y el fallo se pronunció con una disidencia.
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir las penas sustitutivas para ciertos delitos de la Ley de Control de Armas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la política criminal corresponde al legislador y que las penas sustitutivas no son un derecho subjetivo, por lo que su exclusión no vulnera la igualdad ante la ley, la proporcionalidad ni el debido proceso. Además, el juez conserva margen para considerar atenuantes y agravantes.
¿Puede impugnarse por inaplicabilidad una norma que excluye penas sustitutivas antes de que se ejecute una sentencia?
Según el resumen, el fallo indica que la afectación alegada sólo podría plantearse en la etapa de ejecución de una sentencia firme, y que los cuestionamientos a los preceptos tienen un carácter abstracto. Quienes suscribieron ese voto estimaron que el requerimiento debió desestimarse, y el fallo se pronunció con una disidencia.
¿Afecta a una persona condenada por delitos de armas quedar inhabilitada para contratar con entidades públicas?
En este caso, la parte final del fallo expone que el problema se vincula con el derecho administrativo y la inhabilidad para contratar con entidades públicas. El resumen no detalla el fundamento preciso de esa conclusión, por lo que conviene revisar el texto completo de la sentencia.
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