El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en el marco de una denuncia de tutela laboral por discriminación en el pago de un bono colectivo a un sindicato. El requerimiento cuestionaba el artículo 4° inciso primero de la Ley 19.886 de Compras Públicas, que establece la inhabilidad para contratar con la Administración del Estado de quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, y el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo, que ordena remitir la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro. La recurrente sostenía que la aplicación de estas normas vulneraba la igualdad ante la ley y la garantía de no discriminación. El Tribunal rechazó el requerimiento, según el resultado registrado.
Normas citadas
artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasprincipio proporcionalidad de la sancion administrativaPrincipio protector del trabajoPrincipio non bis in ídemSanciones Administrativas
Preguntas frecuentes
¿Puede impugnarse por inconstitucional la remisión de una sentencia laboral a la Dirección del Trabajo para su registro?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que atacaba el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo, que ordena remitir la sentencia a la Dirección del Trabajo para su registro. Con ello, no se acogió la alegación de que esa remisión vulneraba la igualdad ante la ley ni la no discriminación.
¿Vulnera la igualdad ante la ley y la no discriminación la aplicación de sanciones laborales por discriminación en el pago de bonos a un sindicato?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la tesis de la recurrente, quien sostenía que la aplicación de estas normas en una tutela laboral por discriminación en el pago de un bono colectivo vulneraba la igualdad ante la ley y la garantía de no discriminación. El requerimiento fue desestimado.
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