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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en el marco de un proceso laboral. Se discutía la aplicación de los artículos 4°, inciso primero, y 495 del Código del Trabajo, que establecen la inhabilidad de contratar con el Estado para quienes sean condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. El Tribunal declaró inaplicables dichas normas en el caso concreto, por estimar que vulneran el principio de proporcionalidad y el derecho a la igualdad ante la ley, al imponer una sanción automática y desproporcionada que no considera la gravedad de la conducta ni permite la reinserción social, afectando además el debido proceso.

Normas citadas

  • artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 21, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿La inhabilidad para contratar con el Estado por sanciones laborales vulnera el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley?

Según este fallo, sí en el caso analizado: el Tribunal sostuvo que la inhabilidad vulnera el principio de proporcionalidad y el derecho a la igualdad ante la ley. Por eso declaró inaplicables esas normas en el caso concreto.

¿Puede el Tribunal Constitucional inaplicar normas del Código del Trabajo en un proceso laboral por afectar el debido proceso?

Sí. En este caso, el Tribunal acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado en un proceso laboral y concluyó que la aplicación de los artículos 4° y 495 también afectaba el debido proceso, por lo que no podían aplicarse en esa gestión.

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