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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícul…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringía la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad. La mayoría consideró que dicha norma vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y humanidad, al excluir de manera absoluta ciertos delitos de los beneficios de la ley, sin atender al quantum de la pena ni a la gravedad concreta del ilícito. Se argumentó que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones orientadas a la reinserción social. La sentencia destacó que el ius puniendi estatal no es absoluto y debe interpretarse conforme a la dignidad humana y los fines resocializadores de las penas. El voto de minoría, en cambio, estimó que el requerimiento debió desestimarse por ser abstracto, al no existir aún una afectación concreta a los derechos del requirente.

Normas citadas

  • artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 24
  • Constitución Política, artículo 21, inciso primero
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasPrincipio non bis in ídemSanciones AdministrativasPrincipio protector del trabajoPrincipio de proporcionalidad de la sanción administrativa

Preguntas frecuentes

¿La privación de libertad es la medida principal para sancionar delitos en Chile, o debe ser de última ratio?

Según esta sentencia, la privación de libertad debe ser una medida de última ratio, y las penas sustitutivas no implican impunidad sino sanciones orientadas a la reinserción social.

¿Puede el Estado aplicar su potestad punitiva sin límites frente a la dignidad humana y la reinserción social?

La sentencia sostiene que el ius puniendi estatal no es absoluto y debe interpretarse conforme a la dignidad humana y a los fines resocializadores de las penas.

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