El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2007
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 75, inciso primero, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece la incompatibilidad entre el cargo de concejal y el desempeño de empleos, funciones o comisiones en la misma municipalidad o en corporaciones y fundaciones en que esta participe. La mayoría rechazó el requerimiento por estimar que la norma no vulnera las garantías invocadas: la incompatibilidad persigue preservar la independencia de los concejales, evitar conflictos de interés y asegurar la probidad administrativa, y el legislador puede fijar incompatibilidades proporcionales. Además, el requirente conocía la incompatibilidad al inscribir su candidatura, pues fue introducida por la Ley N° 20.742, descartándose afectación a derechos adquiridos o a la confianza legítima. El tribunal también descartó que el derecho de propiedad alcance al estatus de los cargos públicos y que la diferencia de trato respecto de otros funcionarios sea arbitraria. Un ministro disidente estimó que el precepto podía resultar decisivo en la gestión pendiente, aunque el fallo resolutivo prevaleció por la mayoría.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerechos ImplicitosIncompatibilidad De ParlamentarioIndeminzación De Daño Patrimonial
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional la incompatibilidad que impide a un concejal desempeñar empleos o funciones en la misma municipalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que el artículo 75, inciso primero, de la Ley Orgánica de Municipalidades no vulnera las garantías invocadas. La incompatibilidad busca preservar la independencia de los concejales, evitar conflictos de interés y asegurar la probidad administrativa, y el legislador puede fijarla de forma proporcional.
¿Puede un concejal alegar derechos adquiridos o confianza legítima frente a una incompatibilidad introducida por una ley posterior a su candidatura?
En este caso, el Tribunal descartó esa alegación porque el requirente conocía la incompatibilidad al inscribir su candidatura, ya que fue introducida por la Ley N° 20.742. Por eso no hubo afectación a derechos adquiridos ni a la confianza legítima.
¿El derecho de propiedad protege el estatus de un cargo público frente a una incompatibilidad legal?
En este caso, el Tribunal Constitucional descartó que el derecho de propiedad alcance al estatus de los cargos públicos. Tampoco consideró arbitraria la diferencia de trato respecto de otros funcionarios en la aplicación de la incompatibilidad.
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