Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una empresa contratista vinculada a obras contratadas por el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Atacama. El órgano de control reconsideró parcialmente el oficio N° 1.385, de 2015, de la Contraloría Regional de Atacama, en lo relativo a la indemnización por mayores gastos generales derivada de la falta de entrega de terreno, la cual no constituye un nuevo antecedente que desvirtúe lo concluido y no obsta a que la Contraloría se pronuncie sobre la juridicidad de lo obrado. En cuanto a la restitución de la garantía de buen comportamiento y buena ejecución, la Contraloría concluyó que el servicio actuó conforme a los artículos 130 y 131 del decreto N° 236, de 2002, pues la constructora no subsanó la totalidad de las observaciones técnicas. Sin embargo, no advirtió sustento normativo para mantener pendiente el estado de pago final, por lo que ordenó subsanar esa situación, liquidar el contrato a la mayor brevedad e informar las acciones adoptadas en el plazo de 10 días.