Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre la facultad para resolver las objeciones de legalidad que presenta la comisión negociadora laboral en el marco de la negociación colectiva, conforme al artículo 331 del Código del Trabajo. El órgano concluyó que dicha facultad corresponde en forma restrictiva y excluyente al Inspector del Trabajo o al Director del Trabajo, según el caso, y que, en virtud del principio de inexcusabilidad del artículo 14 de la ley 19.880, estas autoridades no pueden eximirse de pronunciarse cuando se reclama la atribución a un trabajador de una calidad que le impida ejercer su derecho a negociar colectivamente. Cuando la objeción se funda en cláusulas de un contrato individual que impiden esa negociación, la autoridad debe ordenar una fiscalización para verificar si las funciones efectivamente desempeñadas por el trabajador están comprendidas en el artículo 305 del Código del Trabajo. Si la fiscalización muestra que las funciones reales no lo inhabilitan, debe declararse que el dependiente es competente para negociar y, por tanto, parte del proceso. El dictamen también reconsidera cualquier doctrina anterior contraria o incompatible con lo expuesto.