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La Dirección del Trabajo fue consultada sobre cómo verificar si un grupo de trabajadore…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2010

Resumen

La Dirección del Trabajo fue consultada sobre cómo verificar si un grupo de trabajadores que se concierta para negociar colectivamente cumple con el quórum y porcentaje exigidos por el artículo 315 inciso 3º del Código del Trabajo. El dictamen reafirma el derecho a negociar colectivamente, con las excepciones de los artículos 305 y 328 inciso 2º, y concluye que deben excluirse del cálculo los dependientes comprendidos en el artículo 305 y quienes ya tengan un contrato colectivo vigente, por no estar facultados para negociar. Determina además que corresponde a la Inspección del Trabajo respectiva verificar el cumplimiento del quórum, investigación que debe ser solicitada por la parte afectada dentro del trámite de objeción de legalidad y practicarse en terreno sobre el total de trabajadores facultados al momento de presentarse el proyecto de contrato colectivo.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • Artículo 315 del Código del Trabajo
  • Artículo 305 del Código del Trabajo
  • Código Civil

Preguntas frecuentes

¿Qué trabajadores deben excluirse al calcular el quórum para negociar colectivamente según el artículo 315 del Código del Trabajo?

En este dictamen, la Dirección del Trabajo concluyó que deben excluirse del cálculo los dependientes comprendidos en el artículo 305 y quienes ya tengan un contrato colectivo vigente, por no estar facultados para negociar.

¿Quién debe verificar si un grupo de trabajadores cumple con el quórum para negociar colectivamente?

Este dictamen determina que corresponde a la Inspección del Trabajo respectiva verificar el cumplimiento del quórum, investigación que debe practicarse en terreno sobre el total de trabajadores facultados al presentarse el proyecto de contrato colectivo.

¿Cómo se puede cuestionar el cumplimiento del quórum en una negociación colectiva en Chile?

Según este dictamen, la investigación sobre el quórum debe ser solicitada por la parte afectada dentro del trámite de objeción de legalidad, y no puede iniciarse de oficio sin esa solicitud.

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