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El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 4 de la Ley de Concesiones Marítimas (D.F.L. N° 340), relativo al cálculo de la renta de las concesiones marítimas. La sentencia acoge la impugnación. Sostiene que el decreto supremo que reprodujo la renta fijada en 1990, sin ofrecer razones ni evaluar un cambio objetivo de circunstancias, constituye una repetición sin justificación que no refleja la justicia distributiva que exige la Constitución. Además, concluye que la norma, al permitir otorgar un mismo trato a situaciones desiguales, habilita una homologación arbitraria contraria a la igualdad y a la libre actividad económica. Se añade que los tributos y cargas públicas requieren una ley que determine su forma, proporcionalidad o progresión, en conexión con el principio de probidad. Hubo voto disidente.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Puede un decreto que reproduce una renta de concesión marítima fijada hace décadas, sin justificación, ser contrario a la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el decreto supremo que reprodujo la renta fijada en 1990, sin ofrecer razones ni evaluar un cambio objetivo de circunstancias, constituye una repetición sin justificación que no refleja la justicia distributiva que exige la Constitución.

¿Es constitucional una norma que permita tratar de igual forma a concesionarios marítimos en situaciones desiguales?

En este caso, el Tribunal concluyó que el artículo 4 de la Ley de Concesiones Marítimas, al permitir otorgar un mismo trato a situaciones desiguales, habilita una homologación arbitraria contraria a la igualdad y a la libre actividad económica, y acogió la impugnación.

¿Deben las cargas económicas sobre concesiones marítimas estar establecidas por ley en Chile?

En este caso, el Tribunal sostuvo que los tributos y cargas públicas requieren una ley que determine su forma, proporcionalidad o progresión, en conexión con el principio de probidad. La sentencia tuvo un voto disidente.

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