El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2006
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 23 de la Ley 19.542, que permite a las empresas portuarias estatales implementar un esquema monooperador mediante licitación pública. El requirente alegaba que la norma vulneraba la libertad económica y el derecho a desarrollar una actividad lícita. El Tribunal concluyó que el precepto legal no afecta la esencia de dichos derechos, ya que establece parámetros objetivos y razonables para su ejercicio. Además, señaló que los reparos del requirente se dirigían más bien a las bases de la licitación fijadas por la Empresa Portuaria de Arica, en particular al capital mínimo exigido, lo que no corresponde a una acción de inaplicabilidad.
Normas citadas
artículo 23, de LEY 19.542 - MODERNIZA EL SECTOR PORTUARIO ESTATAL
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de subsidiariedadDerecho de PropiedadRegulación de la actividad económica
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que una empresa portuaria estatal opere con un esquema monooperador mediante licitación pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que el artículo 23 de la Ley 19.542, que permite ese esquema, no afecta la esencia de la libertad económica ni del derecho a desarrollar una actividad lícita, porque fija parámetros objetivos y razonables.
¿Cuándo procede una acción de inaplicabilidad contra una ley portuaria por reparos a las bases de una licitación?
En este caso, el Tribunal sostuvo que los reparos del requirente se dirigían a las bases de licitación fijadas por la Empresa Portuaria de Arica, en particular al capital mínimo exigido, y que ello no corresponde a una acción de inaplicabilidad.
¿Puede impugnarse por inconstitucionalidad el capital mínimo exigido en una licitación portuaria?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque sus cuestionamientos apuntaban a las bases de la licitación y no a la norma legal, por lo que no era la vía de la inaplicabilidad la adecuada para discutirlos.
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