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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un oficio de la Cámara de Dip…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2020

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un oficio de la Cámara de Diputados que consultaba si la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) está obligada a mantener, de forma indefinida, a disposición de una población un inmueble y un estanque de captación de agua, conforme al artículo 2° de la ley N° 16.578. El organismo concluyó que no se aprecia fundamento jurídico que habilite a la EPSA para asumir esa obligación. Lo anterior, porque no se acreditaba la concurrencia de todos los supuestos de esa norma, el predio no figuraba en el anexo del decreto N° 221 ni en el decreto N° 224 de 1998 que individualizaron el patrimonio inicial de la EPSA, y la propia empresa informó que el inmueble nunca fue de propiedad de la Empresa Portuaria de Chile. Por ello, no correspondió pronunciarse sobre la naturaleza y vigencia de esa imposición.

Normas citadas

  • ley 16578 art/2
  • ley 19542 art/1
  • ley 19542 art/2
  • ley 19542 art/10 num/1
  • ley 19542 art/6 tran inc/1
  • ley 19542 art/7 tran inc/1
  • ley 19542 art/7 tran inc/5
  • ley 19542 art/7 tran inc/fin
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Está obligada una empresa portuaria a mantener indefinidamente a disposición de una población un inmueble y un estanque de agua según la ley 16.578?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no se aprecia fundamento jurídico que habilite a la Empresa Portuaria San Antonio para asumir esa obligación. No se acreditaron todos los supuestos del artículo 2° de la ley 16.578, y el predio no figuraba en los decretos que individualizaron el patrimonio inicial de la empresa.

¿Cómo se determina si un inmueble forma parte del patrimonio inicial de una empresa portuaria estatal?

En este caso, el organismo señaló que el patrimonio inicial se individualiza en los decretos respectivos, y que el inmueble no aparecía en el anexo del decreto N° 221 ni en el decreto N° 224 de 1998. Además, la propia empresa informó que el bien nunca fue de propiedad de la Empresa Portuaria de Chile.

¿Debe la Contraloría pronunciarse sobre la vigencia de una imposición que no tiene respaldo jurídico en el caso concreto?

En este caso, la Contraloría resolvió que no correspondía pronunciarse sobre la naturaleza y vigencia de esa imposición, porque no existía fundamento jurídico que habilitara a la empresa a asumir la obligación. Por lo tanto, el organismo no entró al fondo de esa cuestión.

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