Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido contra diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DFL N° 292) y del Decreto Ley N° 2.222, Ley de Navegación, relativos a sumarios administrativos sancionatorios y a las facultades de la autoridad marítima para aplicar multas. En cuanto a los artículos 142, inciso cuarto, y 150, inciso cuarto, de la Ley de Navegación, que remiten a un reglamento la determinación de la cuantía de las sanciones, el Tribunal los desestimó por cuanto el requerimiento no explicaba cómo su aplicación alteraría la situación de la requirente. En cuanto al resto de los preceptos, concluyó que no se vislumbraba que vulneraran los artículos 7, 64, 76, 93, 101 y 19 N° 3 de la Constitución en el caso concreto. En consecuencia, rechazó el requerimiento, dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no condenó en costas a la requirente por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.