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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2016

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 36 del Decreto Ley N° 2.222, Ley de Navegación, que permite que el reglamento del servicio de practicaje y pilotaje fije el cese de funciones de los prácticos al cumplir 65 años de edad. Se discutía si esa habilitación reglamentaria vulneraba la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo por introducir una discriminación por edad. El tribunal rechazó el requerimiento, al estimar que corresponde a los tribunales del fondo examinar la pertinencia material y jurídica de exigir ese límite de edad y determinar si ello exige impugnar el acto reglamentario o los actos individuales dictados en su aplicación. Añadió que, si el requerimiento se hubiera apoyado en la garantía constitucional que particulariza la igualdad ante la ley, habría debido examinar la totalidad del artículo 36, pues no advierte razones que justifiquen restringir esa actividad únicamente a personas provenientes de la Armada.

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Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre un límite de edad fijado en un reglamento para el cese de funciones de prácticos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que corresponde a los tribunales del fondo examinar la pertinencia material y jurídica de exigir ese límite de edad y determinar si ello exige impugnar el acto reglamentario o los actos individuales dictados en su aplicación.

¿Vulnera la igualdad ante la ley que el reglamento del servicio de practicaje fije el cese de funciones a los 65 años?

En este caso, el Tribunal Constitucional no acogió la alegación de discriminación por edad, pues sostuvo que el examen de la pertinencia de ese límite corresponde a los tribunales del fondo.

¿Es constitucional restringir la actividad de practicaje solo a personas provenientes de la Armada?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que, si el requerimiento se hubiera apoyado en la garantía constitucional que particulariza la igualdad ante la ley, habría debido examinar la totalidad del artículo 36, pues no advierte razones que justifiquen restringir esa actividad únicamente a personas provenientes de la Armada.

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