La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una arqueóloga que también es consejera del Consejo de Monumentos Nacionales, en contra del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. La recurrente cuestionó la negativa del organismo a permitirle solicitar permisos de intervención arqueológica por su calidad de consejera, alegando vulneración del derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo. El tribunal concluyó que, por ejercer una función pública, aunque sea ad honórem, la situación se encuadra en la incompatibilidad del artículo 56 de la Ley 18.575, por lo que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario. Por ello, no se advirtió privación, perturbación o amenaza de derecho constitucional alguno.
Normas citadas
Artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 15 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Puede un consejero del Consejo de Monumentos Nacionales solicitar permisos de intervención arqueológica en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección y sostuvo que, por ejercer una función pública aunque sea ad honórem, la situación se encuadra en la incompatibilidad del artículo 56 de la Ley 18.575, por lo que la negativa del organismo no fue ilegal ni arbitraria.
¿Es ilegal que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural niegue permisos de arqueología a una consejera del Consejo de Monumentos Nacionales?
En este caso, el tribunal concluyó que el acto impugnado no es ilegal ni arbitrario, porque la recurrente ejerce una función pública que genera incompatibilidad según el artículo 56 de la Ley 18.575. Por eso no se advirtió privación, perturbación o amenaza de derechos constitucionales.
¿Puede una consejera alegar vulneración de la igualdad ante la ley y la libertad de trabajo por una negativa administrativa de este tipo?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió esos alegatos y rechazó el recurso de protección. Consideró que la negativa, fundada en la incompatibilidad del artículo 56 de la Ley 18.575, no implicó privación, perturbación ni amenaza de derechos constitucionales.
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