La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto contra…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección interpuesto contra el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, confirmando la incompatibilidad de los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales para solicitar permisos de intervención arqueológica. La recurrente, quien reconocía su calidad de consejera, pretendía obtener dichos permisos, pero la autoridad aplicó el artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece la incompatibilidad para quienes desempeñan funciones públicas. La Corte concluyó que no hubo actuación ilegal ni arbitraria, ya que la situación se encuadraba precisamente en la hipótesis legal invocada, y que no se vulneraron garantías constitucionales, por lo que la acción cautelar no podía prosperar.
Normas citadas
Ley 18.575
Oficio Ord N° 4370
Artículo 56 de la Ley 18.575
recurso de protecciónincompatibilidad administrativaartículo 56 Ley 18.575función públicaConsejo de Monumentos Nacionalespermisos de excavación arqueológicaconsejeroacto arbitrario e ilegal
Preguntas frecuentes
¿Puede un consejero del Consejo de Monumentos Nacionales solicitar permisos de intervención arqueológica?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que no, porque los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales están sujetos a la incompatibilidad del artículo 56 de la Ley 18.575 para tramitar esos permisos mientras ejercen funciones públicas.
¿Procede un recurso de protección contra la negativa de un servicio público a otorgar un permiso por incompatibilidad legal?
En este caso, la Corte rechazó el recurso porque la autoridad no actuó de forma ilegal ni arbitraria, ya que aplicó la hipótesis de incompatibilidad que la ley contempla. Tampoco se vulneraron garantías constitucionales.
¿Cuándo la aplicación del artículo 56 de la Ley 18.575 vulnera garantías constitucionales?
En este caso, la Corte concluyó que no hubo vulneración, porque la situación de la recurrente se encuadraba precisamente en la hipótesis legal invocada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.
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