La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por el…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de ilegalidad interpuesto por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural contra la decisión del Consejo para la Transparencia que acogió un amparo de acceso a la información pública y ordenó entregar datos detallados sobre hallazgos arqueológicos que motivaron la paralización de obras a nivel nacional. El Servicio sostenía que la información no estaba sistematizada, que su elaboración implicaba crear información nueva, con costos excesivos y distracción indebida de funcionarios. La Corte rechazó el reclamo: estimó que los antecedentes ya obran en poder del Servicio, aunque estén dispersos en distintos soportes, por lo que sistematizarlos es una labor de recopilación y no de creación de información. Además, no se acreditó un costo excesivo, y la eventual distracción de recursos no fue calificada como indebida por involucrar intereses de particulares con derecho a conocer la información. Se confirmó la obligación de informar, sin costas para ninguna de las partes.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Artículo 17 de la Ley N° 20.285
reclamo de ilegalidadamparotransparenciainformación públicadistracción indebidacarga excesivaConsejo para la TransparenciaServicio Nacional del Patrimonio Cultural
Preguntas frecuentes
¿Está obligado un servicio público a entregar información que no tiene sistematizada en un solo documento?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que los antecedentes ya obran en poder del Servicio, aunque estén dispersos, por lo que reunirlos es una labor de recopilación y no de creación de información, y confirmó la obligación de entregarlos.
¿Puede un organismo negarse a entregar información pública alegando que su elaboración resulta muy costosa o distrae a sus funcionarios?
En este caso, la Corte rechazó esos argumentos porque no se acreditó un costo excesivo y la eventual distracción de recursos no fue considerada indebida, al involucrar intereses de particulares con derecho a conocer la información.
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