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La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por una funcionaria del SE…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema rechazó el recurso de protección presentado por una funcionaria del SERVIU en contra del Consejo para la Transparencia. La recurrente impugnaba una multa del 20% de su remuneración mensual, impuesta por no publicar el enlace a una resolución que aprobaba un addendum de convenio, alegando vicios procedimentales, falta de tipicidad y desproporción de la sanción. El tribunal consideró que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el fondo de un procedimiento administrativo sancionatorio ya concluido, cuyos recursos administrativos estaban agotados. Al no acreditarse una acción ilegal o arbitraria que afectara garantías constitucionales, se desestimó el recurso, sin costas.

Normas citadas

  • Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Es el recurso de protección la vía idónea para impugnar una multa administrativa de transparencia?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el fondo de un procedimiento administrativo sancionatorio ya concluido, cuyos recursos administrativos estaban agotados. Por ello rechazó el recurso.

¿Puede la Corte de Apelaciones revisar por protección la proporcionalidad de una sanción administrativa de un organismo de transparencia?

En este caso, la Corte Suprema no entró a revisar la desproporción de la sanción, porque la recurrente alegaba vicios de fondo que no se pueden discutir por esta vía. El tribunal estimó que no se acreditó una acción ilegal o arbitraria que afectara garantías constitucionales.

¿Cuándo procede acoger un recurso de protección contra un acto del Consejo para la Transparencia?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que no se acreditó una acción ilegal o arbitraria que afectara garantías constitucionales, por lo que desestimó el recurso. No hubo costas.

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