Resumen del criterio jurisprudencial
El recurso de protección fue interpuesto por una funcionaria a contrata del SERVIU en contra del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, impugnando la multa impuesta por incumplimiento de obligaciones de transparencia activa. La recurrente alegó vicios procedimentales, falta de tipicidad y desproporción de la sanción, así como vulneración del debido proceso, igualdad ante la ley y derecho de propiedad. El Consejo para la Transparencia solicitó el rechazo, argumentando que la acción de protección no es la vía idónea para revisar un procedimiento administrativo sancionatorio concluido. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, señalando que la recurrente agotó la vía administrativa y no acreditó ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Consejo. Se concluyó que la protección no puede transformarse en una instancia revisora de decisiones administrativas, y que la sanción fue impuesta dentro de las facultades legales del Consejo. Por ello, se desestimó la acción sin costas.