Resumen
La Contraloría General de la República conoció una solicitud de reconsideración de una exfuncionaria municipal destituida, que pretendía dejar sin efecto el dictamen Nº 22.358 de 2017. El organismo la desestimó por no aportar nuevos antecedentes sustanciales, y confirmó ese pronunciamiento en todas sus partes. Recordó que el archivo provisional de una causa penal no impide imponer una medida disciplinaria por los mismos hechos, en virtud del principio de independencia de responsabilidades. Además, precisó que no es una instancia para revisar un acto ya dictado sobre la base de hechos investigados en el sumario, y que no puede sustituir a la Administración en la ponderación de la prueba, la que debe apreciarse en conciencia conforme al artículo 35 de la ley Nº 19.880.