El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, cuestionado por su eventual contradicción con el artículo 83, inciso segundo, de la Constitución, que reconoce al ofendido por el delito la posibilidad de ejercer la acción penal. La mayoría sostuvo que el precepto, al limitar la acusación del querellante a los hechos y personas incluidos en la formalización, impedía en casos sin formalización previa ejercer esa acción, lo que constituía un obstáculo a su derecho. Se argumentó que este derecho incluye la posibilidad de continuar la acción y desplegar sus facultades durante el proceso, y que el Ministerio Público no puede anular, sin control judicial suficiente, el derecho del querellante. El fallo acogió parcialmente el requerimiento, y en obiter dicta señaló que el querellante no tiene un derecho subjetivo a obtener condena y que el legislador debe establecer controles judiciales frente a un eventual actuar arbitrario del Ministerio Público.
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Preguntas frecuentes
¿Puede el querellante acusar por hechos que el Ministerio Público no formalizó?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 259, inciso final, del Código Procesal Penal, al limitar la acusación del querellante a los hechos y personas incluidos en la formalización, impedía ejercer la acción penal en casos sin formalización previa, lo que constituía un obstáculo al derecho reconocido en el artículo 83 de la Constitución. Acogió parcialmente el requerimiento.
¿El querellante tiene derecho a obtener una condena si el Ministerio Público no persigue el delito?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló, en lo que dijo de paso (obiter dicta), que el querellante no tiene un derecho subjetivo a obtener condena. Agregó que el legislador debe establecer controles judiciales frente a un eventual actuar arbitrario del Ministerio Público.
¿Puede el Ministerio Público anular el derecho del ofendido a ejercer la acción penal?
En este caso, la mayoría sostuvo que el Ministerio Público no puede anular, sin control judicial suficiente, el derecho del querellante a continuar la acción y desplegar sus facultades durante el proceso. Por ello, el precepto cuestionado fue objeto de un requerimiento de inaplicabilidad acogido en parte.
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