El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalid…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2011
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovida en el marco de un reclamo ante un tribunal arbitral de la Superintendencia de Salud contra una Isapre. La controversia se centró en el artículo 472 del Código del Trabajo, que declara inapelables las resoluciones dictadas en procedimientos de ejecución laboral. La Magistratura acogió parcialmente el requerimiento y estimó que dicha norma, al impedir la revisión por un tribunal superior de resoluciones que pueden causar gravamen, vulnera el derecho al recurso como parte del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución. Se precisó que el derecho al recurso no implica necesariamente una doble instancia y que la exclusión de la apelación debe ponderarse según las circunstancias del caso. Asimismo, se reconoció que el legislador puede configurar los procedimientos y limitar recursos para favorecer la celeridad, pero sin desconocer la defensa.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que una norma declare inapelables las resoluciones dictadas en un procedimiento de ejecución laboral?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que el artículo 472 del Código del Trabajo, al impedir la revisión por un tribunal superior de resoluciones que pueden causar gravamen, vulnera el derecho al recurso como parte del debido proceso del artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿El derecho al recurso garantizado por el debido proceso exige siempre una doble instancia?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que el derecho al recurso no implica necesariamente una doble instancia, y que la exclusión de la apelación debe ponderarse según las circunstancias del caso.
¿El legislador puede limitar recursos en procedimientos para favorecer la celeridad?
En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció que el legislador puede configurar los procedimientos y limitar recursos para favorecer la celeridad, pero sin desconocer el derecho a la defensa.
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