Resumen
La Dirección del Trabajo se abstuvo de pronunciarse sobre una consulta de un trabajador que cuestionaba la base de cálculo de los pagos contenidos en su finiquito. El trabajador sostenía que el sueldo de enero de 1999, usado como base, no fue reajustado por IPC entre julio y diciembre de 1999, aunque esa práctica se había aplicado en períodos anteriores pese a no estar pactada en el contrato. El organismo fundó su decisión en la ley, que exige para el finiquito solemnidades como la firma y la ratificación ante el Inspector del Trabajo, y en que el documento, otorgado con esas formalidades, tiene poder liberatorio y pleno valor probatorio de su otorgamiento y de su ratificación. Además, la cláusula tercera declaraba que no existía deuda pendiente, por lo que el trabajador no podía alterar extemporáneamente ese acuerdo. Por ello, concluyó que no le correspondía pronunciarse sobre la materia consultada.