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El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo interpuesto contra la Su…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió parcialmente un amparo interpuesto contra la Superintendencia de Pensiones. La Superintendencia había denegado la entrega de antecedentes relativos a un reclamo de ilegalidad que ella misma había presentado, invocando la causal de reserva del debido cumplimiento de sus funciones. El Consejo rechazó el amparo en lo referido a una de las solicitudes, por tratarse del ejercicio del derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución y no del derecho de acceso a la información pública regulado en la Ley de Transparencia. Respecto de los demás antecedentes, ordenó su entrega, por estimar que la Superintendencia no había acreditado fehacientemente la causal de reserva alegada. Asimismo, dispuso que, si los documentos no existen o no obran en poder del órgano, éste debe señalarlo fundadamente, y fijó un plazo de cinco días hábiles para el cumplimiento, bajo apercibimiento legal.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas

Preguntas frecuentes

¿Cuándo un órgano público puede negarse a entregar antecedentes de un reclamo de ilegalidad alegando el debido cumplimiento de sus funciones?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la Superintendencia de Pensiones no acreditó fehacientemente la causal de reserva del debido cumplimiento de sus funciones, por lo que ordenó la entrega de los antecedentes relativos a su propio reclamo de ilegalidad.

¿El derecho de petición del artículo 19 N°14 de la Constitución se puede tramitar como un amparo al derecho de acceso a la información pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo respecto de una de las solicitudes, por considerar que se trataba del ejercicio del derecho de petición y no del derecho de acceso a la información regulado en la Ley de Transparencia.

¿Qué debe hacer un órgano público si la información solicitada no existe o no se encuentra en su poder?

En este caso, el Consejo dispuso que la Superintendencia debe señalarlo de manera fundada si los documentos no existen o no obran en su poder, y fijó un plazo de cinco días hábiles para cumplir, bajo apercibimiento legal.

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