El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas a la privación de libertad. El requirente cuestionaba que la norma impidiera acceder a penas sustitutivas en ciertos delitos, como el tráfico ilícito de drogas, por estimarlo discriminatorio y contrario a la igualdad ante la ley. El Tribunal razonó que la exclusión de tales delitos del acceso a penas sustitutivas forma parte de la potestad del legislador en materia de política criminal, ámbito en el que goza de un margen de decisión autónoma. Concluyó que la disposición no resulta desproporcionada ni vulnera la igualdad ante la ley, pues el reproche adicional que contienen esos ilícitos justifica el establecimiento de presidio efectivo. Además, precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente y no al Tribunal Constitucional. Por ello, rechazó el requerimiento.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional que la Ley N° 18.216 impida acceder a penas sustitutivas en delitos como el tráfico ilícito de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la exclusión de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas forma parte de la potestad del legislador en política criminal, sin que resulte desproporcionada ni vulnere la igualdad ante la ley.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que se establezca presidio efectivo para ciertos delitos y no para otros?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no se vulnera la igualdad ante la ley, pues el reproche adicional que contienen esos ilícitos justifica el establecimiento de presidio efectivo, dentro del margen de decisión autónoma del legislador.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta aplicable a un imputado?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente y no al Tribunal Constitucional, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
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