El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que regula penas sustitutivas, en un caso vinculado a delitos de drogas y armas. El requirente sostenía que la norma, al excluir el acceso a penas sustitutivas, resultaba desproporcionada y vulneraba la igualdad ante la ley. El Tribunal rechazó el requerimiento. Estimó que el legislador puede, dentro de su campo de decisión, excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos que contienen un reproche adicional, como los de tráfico o producción de drogas y el uso de armas prohibidas o robadas, por lo que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria. Precisó además que la eventual pena a imponer es materia propia del tribunal penal competente y no de la magistratura constitucional.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos de drogas y armas según la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que el legislador puede excluir el acceso a penas sustitutivas en delitos con un reproche adicional, como el tráfico o producción de drogas y el uso de armas prohibidas o robadas. Por eso, la norma no fue considerada desproporcionada ni discriminatoria.
¿Puede el Tribunal Constitucional decidir qué pena concreta se debe imponer en un proceso penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena a imponer es materia propia del tribunal penal competente y no de la magistratura constitucional. Su control se limitó a la constitucionalidad de la norma cuestionada.
¿Vulnera la igualdad ante la ley la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la disposición no vulnera la igualdad ante la ley, porque la diferencia responde al reproche adicional que contienen esos delitos. Concluyó que la exclusión no es arbitraria dentro del margen de decisión del legislador.
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