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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye el acceso a penas sustitutivas en determinados delitos, como el tráfico ilícito de drogas y el uso de armas. El requirente sostenía que esta exclusión era discriminatoria y carente de razonabilidad. El Tribunal rechazó el requerimiento: consideró que el legislador puede, dentro de su autonomía en política criminal, establecer presidio efectivo para delitos que contienen un reproche adicional, como la violencia de género, el uso de armas prohibidas o robadas y el tráfico o producción de drogas. Asimismo, precisó que la eventual pena a imponer al requirente corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.

Normas citadas

  • artículo 28, inciso segundo, de Ley N° 20.285
  • artículo 10, de Ley N° 20.285
  • artículo 5, de Ley N° 20.285
  • artículo 19, inciso primero, numeral 2
  • artículo 19, inciso sexto, numeral 3
  • artículo 1, de Ley N° 18.216
  • artículo 2, de Ley N° 18.216
Tribunal ConstitucionalINAAcceso a la información públicaTransparencia Y Publicidadprincipio de publicidadDebido ProcesoDerecho Al RecursoTitularidad de los derechos fundamentales

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la Ley 18.216 excluya las penas sustitutivas para delitos como el tráfico de drogas o el uso de armas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el legislador puede, dentro de su autonomía en política criminal, establecer presidio efectivo para delitos que contienen un reproche adicional, como el tráfico o producción de drogas y el uso de armas prohibidas o robadas.

¿La exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos es discriminatoria o carece de razonabilidad?

El requirente sostenía que la exclusión era discriminatoria y carente de razonabilidad, pero el Tribunal Constitucional desestimó esa alegación al considerar que la distinción responde a reproches adicionales que el legislador puede establecer en materia de política criminal.

¿Quién determina la pena concreta que se aplica cuando se rechaza un requerimiento de inaplicabilidad en esta materia?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la eventual pena a imponer al requirente corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.

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