El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. La discusión se centraba en si la exclusión de penas alternativas para ciertos delitos —como el uso de armas prohibidas, el tráfico o producción de drogas y la violencia de género— vulneraba la igualdad ante la ley y carecía de razonabilidad. El tribunal razonó que esta exclusión se enmarca dentro de la potestad del legislador en materia de política criminal, respecto de la cual corresponde deferencia, y que el mayor reproche de tales ilícitos justifica exigir presidio efectivo. Añadió que la inaplicabilidad es un control concreto y que la eventual pena que pudiere afectar al requirente debe determinarla el tribunal penal competente, no esa Magistratura. Por ello, resolvió rechazar el requerimiento.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir las penas sustitutivas para ciertos delitos como el tráfico de drogas o el uso de armas prohibidas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que esa exclusión se enmarca dentro de la potestad del legislador en materia de política criminal, respecto de la cual corresponde deferencia.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que la Ley N° 18.216 no permita penas alternativas para algunos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional no acogió esa tesis: razonó que el mayor reproche de tales ilícitos justifica exigir presidio efectivo, por lo que la exclusión no vulnera la igualdad ante la ley.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena que corresponde aplicar a una persona en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la inaplicabilidad es un control concreto y que la eventual pena que pudiere afectar al requirente debe determinarla el tribunal penal competente, no esa Magistratura.
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